Siguen las cuotas con los cuates en elección de magistrados

· Enrique Alfaro controlará en este año al Poder Judicial que será un poder a modo “con dueño” a quienes les ordenará el sentido de sus acuerdos: Observatorio de Seguridad y Justician de la UdeG

El Poder Judicial está a punto de ser sólo un apéndice del Poder Ejecutivo, aunque no esté al frente el gobernador Enrique Alfaro si estará un incondicional que lo ha seguido desde el inicio de su vida política; el plan es elegir 9 magistrados cuya plaza está vacante, para contar con los votos suficientes para elegir al magistrado Espinosa Licón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Según el académico, Francisco Jiménez, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia, para conseguirlo Enrique Alfaro ya negoció la designación de las 9 vacantes cuya convocatoria ya fue publicada por el Congreso del Estado y de la que se asegura se han acordado los relevos con los grupos políticos PAN, PRD, MORENA y la Universidad de Guadalajara.

A su vez el secretario ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, José Luis Tello Ramírez anuncia que la negociación está hecha: MC se llevará la mayor tajada, nombrará a 5 magistrados a través de Salvador Caro, coordinador de la mayoría; el PAN podría tener 2 bajo las negociaciones de Gustavo Macías y el PRD uno, desde la comisión de Seguridad y Justicia con el diputado Enrique Velázquez y habrá uno para Morena.

El tercer poder borrado

El Poder Judicial de Jalisco está integrado por el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura; el Tribunal Administrativo, el Tribunal Electoral y el Instituto de Justicia Alternativa; en 2020 contó con un presupuesto de mil 700 millones de pesos, que se distribuyen principalmente entre el Consejo, la mayor parte y el STJ.

El Supremo Tribunal de Justicia es el máximo órgano del Poder Judicial, atiende la segunda instancia de la administración de la justicia, está integrado por 34 magistrados nombrados por el Congreso del Estado, en procesos en los que los diputados tuercen las leyes para colocar a sus allegados y familiares, a pesar de convocatorias y la participación de abogados que a veces suman más de cien para una posición.

El magistrado presidente es electo cada 15 de diciembre de cada dos años, es el representante del Poder Judicial, pero es también presidente del Consejo de la Judicatura, en la que comparte la administración de la justicia de primera instancia con 4 consejeros, tres ciudadanos y un juez.

Hacia el control total

Con llegada a la gubernatura de Enrique Alfaro, abanderado de Movimiento Ciudadano, el 15 de diciembre de 2017, la lucha por el control del Poder Judicial fue arena de todos los días; un día y otro también, aseguraba que había una camarilla enquistada en el Poder Judicial, sin embargo dirigió sus ataques a los integrantes de edad avanzada y prontos a jubilarse.

En ese inter, las ponencias de magistrados fueron quedado solas, sólo se suplieron aquellas en las que el Congreso ya había elegido a su suplente, tal es el caso de quien fue tres veces presidente de ese poder, el magistrado Celso Rodríguez González que dejó el cargo luego de enfrentar al alfarísmo durante varios años en tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante más de 800 días las salas del Supremo Tribunal fueron quedando abandonadas, las condiciones son extraordinarias ya que en este momento de las 11 salas que deberían de estar integradas por tres magistrados cada una, en siete sólo hay dos magistrados y en una uno; esto es que el Congreso del Estado ha dejado sin nombrar a 9 magistrados.

Los 25 magistrados que aún están en el pleno, incluido el presidente: a 7 los señalan con influencia del PRI para su nombramiento; aunque al grupo Universidad de Guadalajara que lidera el ex rector Raúl Padilla López se le identifican a 6 magistrados; el que mayor número de funcionarios judiciales a colocado ha sido el PAN al que se le atribuyen 8, al PVEM dos, sólo uno al partido del gobernador Movimiento Ciudadano y dos más sin filiación política aparente.

El Poder Judicial minimizado

El Poder Judicial de Jalisco en este momento de pandemia, lo encabeza el magistrado Ricardo Suro Esteves, quien fue nombrado magistrado el 10 de julio del 2014, propuesto por el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, su amigo de juventud, fue integrado a la Séptima Sala en materia Civil en donde compartió acuerdos con el también magistrado Leonel Sandoval, padre del gobernador.

Para Francisco Jiménez, Ricardo Suro Esteves, actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien va por terminar su segundo periodo; goza de poco liderazgo entre los magistrados, ya que aseguran que él manda en el Judicial es el ya retirado magistrado Leonel Sandoval y su hijo Jorge Aristóteles Sandoval, exgobernador priista recientemente relevado por Enrique Alfaro.

Dijo que Suro ha sido muy complaciente con el gobernador y la legislatura, aceptó todos los cambios en la mal llamada reforma judicial que pretende entregar el control del órgano al ejecutivo; se negó a ir a la controversia constitucional, a pesar de que existen ya antecedentes de que la SCJN ha resuelto las peticiones a favor de los magistrados, sobre todo en el tema de las pruebas de control y confianza.

Advierte que Suro busca su reelección como magistrado por 10 años y permanecer en el Poder Judicial, hasta el 2031, gozando de salarios, prestaciones, apoyos, primas vacacionales, aguinaldos y todo lo que reciben del presupuesto.

Los grupos de poder

En el pleno del STJ, que se reúne cada miércoles para tratar los asuntos de mayor trascendencia para la justicia, los grupos están bien definidos; con la separación de 9 magistrados, el resto los 25 restantes suman intereses de los grupos de poder del momento en que fueron elegidos.

En la primera sala especializada en materia Civil, están los magistrados Tomas Aguilar Robles llegó a la magistratura en mayo de 1994, respaldado por el exmandatario priista Carlos Rivera Aceves y Daniel Espinoza Licón quien fue nombrado el 17 de noviembre del 2018 y se le considera posición del partido Movimiento Ciudadano, específicamente del actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

En la segunda sala se encuentran Antonio Flores Allende, fue electo magistrado el 27 de noviembre de 2015, habría llegado como cuota política del entonces dirigente del Partido Verde en Jalisco y diputado local Enrique Aubry de Castro Palomino y Guillermo Valdés Angulo, llegó al STJ en 1988, apoyado por el exgobernador priista Cosío Vidaurri, de quien fue secretario particular y con quien colaboró en diversos cargos.

En la tercera sala en materia civil se encuentran Carlos Oscar Trejo Herrera fue nombrado magistrado el 28 de septiembre del 2017, era uno de los funcionarios de mayor confianza y cercano a los afectos del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y María Eugenia Villalobos Ruvalcaba fue nombrada magistrada en agosto del 2011, era juez civil y se le considera posición de Raúl Padilla López líder moral de la Universidad de Guadalajara.

En la cuarta sala especializada en materia civil, tenemos a los magistrados: Francisco Castillo Rodríguez Castillo Rodríguez fue nombrado magistrado el 13 de abril del 2016, como cuota del PAN por su cercanía a los hermanos Isaías y Hernán Cortés Berúmen, legisladores de ese partido

Luis Enrique Villanueva Gómez fue nombrado el 3 de enero del 2016, y se sumó al liderazgo del líder moral de la Universidad de Guadalajara desde que fue consejero de la Judicatura y Jorge Mario Rojas Guardado quien fue nombrado magistrado el 23 de agosto del 2011, es considerado por sus propios compañeros del STJ como una posición más del dirigente del Partido Verde en Jalisco, Enrique Aubry mediante una alianza con Raúl Padilla ya que asumió el cargo a pesar de que se le acusó que no contaba con los requisitos.

En la quinta sala, también en materia civil están los magistrados: Arcelia García Casares llegó a magistrada en febrero de 1996 propuesta por el exmandatario priista Cosío Vidaurri; Marcelo Romero G. de Quevedo llegó al STJ en abril de 1997, durante la administración del mandatario panista Alberto Cárdenas, por lo que se considera posición del PAN y Jesús Covarrubias Dueñas que llegó al STJ el lunes 25 de enero del 2017. Sus pares en el Supremo Tribunal de Justicia lo ubican como posición del Grupo UdeG.

En la sexta sala sólo está el magistrado Ramiro Higinio Ramírez Ramos, quien llegó al STJ el 1 de enero de 1987, cuando era gobernador de Jalisco el priista Enrique Álvarez del Castillo. En la actualidad a Ramiro Ramos se le ubica como amigo personal del cacique de la UdeG, Raúl Padilla López. Es, por el momento, el decano en el pleno del STJ.

La séptima sala está integrada por: Gonzalo Julián Rosa Hernández, fue nombrado magistrado el 12 de septiembre del 2017, por siete años. Es tío de Lorena Jassibe Arriaga Rosa, esposa del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Consuelo del Carmen González Jiménez llego al STJ el 17 de octubre del 2018, era Procuradora Social en el Gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

En la octava sala: Roberto Rodríguez Preciado fue nombrada magistrado en agosto del 2011, se le considera posición del PAN por su cercanía con el exsenador Abraham González Uyeda; Felipe Sánchez Montes de Oca fue nombrado magistrado el martes 13 de junio del 2017 y se le considera proclive al PAN y Rosa María del Carmen López Ortiz fue nombrada magistrada el 11 de septiembre de 2017, pero asumió el cargo el 19 de noviembre de 2019, no se le conoce filiación política.

En la novena sala se encuentran Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez llegó al STJ el 2 de marzo de 2014, había sido electa magistrada el 28 de febrero del 2014. Se le considera una posición del PAN y habría sido apoyada por el diputado albiazul Juan Carlos Márquez y Lucia Padilla Hernández llegó al STJ el 24 de enero del 2007 con el apoyo del Grupo Universidad de Guadalajara.

La décima sala está integrada por: Federico Hernández Corona que llegó a magistrado el martes 23 de enero del 2007, impulsado por el entonces presidente del STJ, el magistrado Celso Rodríguez González y Antonio Fierros Ramírez llegó a magistrado el 23 de enero del 2007 impulsado por la Universidad de Guadalajara.

Finalmente, en la décima primera sala están: Armando Ramírez Rizo, llegó al STJ en julio del 2014, se le considera producto de una negociación que favoreció al PAN y Espartaco Cedeño Muñoz, hijo del exmagistrado Jaime Cedeño Coral, llegó al STJ el 29 de agosto del 2007. Se le considera una posición del PRI y estaría en el área de influencia del exsenador Arturo Zamora Jiménez.

En busca del control

El único magistrado al que se identifica como parte del Alfarísmo, más que del Partido Movimiento Ciudadano es el presidente de la primera Sala, Especializa en materia Penal, Daniel Espinosa Licón, quien ha laborado en el Poder Judicial desde el inicio de carrera de abogado y fue nombrado por el Congreso del Estado el 17 de octubre de 2018.

Desde su llegada al pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha sido un vocero de las políticas de gasto del gobernador Enrique Alfaro que se ha pronunciado por la reducción de los ingresos de los magistrados y la ejecución de exámenes de control y confianza, lo que ha sido combatido por el único integrante de la Sexta Sala, Manuel Higinio Ramiro Ramos.

Por la conformación actual del Supremo Tribunal de Justicia, el gobernador Enrique Alfaro opera para tener mayoría en el pleno de los magistrados y hacer posible que la presidencia quede en manos de su allegado Espinosa Licón, por lo que requiere sumar gente de su equipo, acordar alianzas y llegar fortalecido el 15 de diciembre próximos al pleno extraordinario que contempla la ley para elegir al presidente del STJ y representante del Poder Judicial.

El Plan

Dentro de la Reforma al Poder Judicial juega un papel muy importante las pruebas de Control y Confianza, impulsadas desde la campaña por Enrique Alfaro, por lo que desde la Secretaría General de Gobierno cuyo titular Enrique Ibarra, viejo integrante del PRI y hoy cercano al gobernador se armó la designación del director del Centro de Control y Confianza del Poder Judicial.

En el mes de agosto pasado el Congreso nombró al director del Centro de Control de Confianza del Poder Judicial y le toma la protesta, se trata de Gabriel Gallo Álvarez, también ex priista, cercano a Enrique Ibarra quien será el encargado de aplicar los exámenes de controles de confianza a los nuevos jueces, consejeros y magistrados del Poder Judicial de Jalisco y desempeñará este cargo durante cinco años

Lanzan la convocatoria

Finalmente el pasado 19 de octubre, Casi dos años después de que se dieron las primeras renuncias y separaciones de magistrados, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso local aprobó las convocatorias para elegir nueve magistrados y un consejero de la Judicatura.

Las convocatorias se dividieron en tres: una para elegir cinco magistradas mujeres, cuatro magistrados varones y un consejero de la Judicatura que será hombre, según la política de equidad de género.

El registro de los interesados será los días 13, 17 y 18 de noviembre. El CENEVAL aplicará el examen teórico-práctico el 28 de noviembre y serán elegibles los cinco mejores promedios por cada vacante, informa el presidente de la comisión, Enrique Velázquez. “Se van a armar quintetas en cada una de las convocatorias, son los cinco mejores por cada espacio a ocupar”.

En la misma convocatoria se establece que el Congreso nombrará a los nuevos magistrados el 15 de diciembre próximo, la misma fecha que la Constitución establece para elegir, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Denuncian los abogados

José Luis Tello Ramírez denunció que al conocer el proyecto para repartirse los nombramientos entre la clase política, el Congreso del Estado, dirigidos desde Palacio de Gobierno, traicionan los términos de la convocatoria y desalienta a los mejores abogados que ya han participado en otras convocatorias y han visto como se tuerce el procedimiento que ellos mismos aprobaron.

Consideró que el nombramiento de Gabriel Gallo Álvarez es la pieza fundamental para dejar pasar a los elegidos por el gobernador y los líderes de los partidos políticos que ya se han repartido las plazas en perjuicio de la sociedad demandante de justicia.

Citó la última convocatoria del Congreso para elegir a 3 consejeros de la Judicatura; a pesar de que se aprobó un procedimiento en el que participaron universidades, el Sistema Estatal Anticorrupción y la comunidad jurídica, al final hubo reparto de cuotas y quienes obtuvieron las mejores calificaciones y resultaron más aptos fueron hechos a un lado.

Citó la voz de la comunidad jurídica, al señalar que los nombramientos ya están dados, uno para la Universidad de Guadalajara así como la consejería de Pablo Letipichia que se termina en este año; las cinco mujeres serán cinco perfiles del Iteso que llegarán con el apoyo de MC; al PAN dos y a Morena una.

Por su parte el presidente del Observatorio Académico de la Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Luis Octavio Cotero denuncio que el congreso está construyendo un Poder Judicial a modo, “con patrón” que les dictará las resoluciones como le convengan al gobernador ya que se les ha advertido o aceptan esas condiciones o no son magistrados. Dijo.