El asedio a la SCJN: Un juego de poder que amenaza a la democracia

Por Daniel Emilio Pacheco

El teatro político del presidente López Obrador añade un nuevo acto en su drama nacional: su abierta embestida contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y, por supuesto, siempre con esa lógica peculiar suya, donde todo es blanco o negro, corrupto o recto. Una infantilización de la discusión política que entristece a cualquier espíritu democrático.

Sin embargo, hay algo profundamente equivocado en la narrativa presidencial: la de un mandatario que se ve a sí mismo como el faro de la ética y la justicia, pero que no tolera la más mínima disensión.

Atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en el nuevo deporte nacional para el mandatario. No, no se trata de un juego de ajedrez político, es más bien un embate de fuerza bruta. El quitar 15 mil millones de pesos a 13 fideicomisos vinculados a el Poder Judicial es tan solo el último episodio de esta saga de venganza y animadversión hacia las instituciones.

De manera casi artesanal, el presidente busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, arrebatar 15 mil millones de pesos de 13 fideicomisos y darle así un golpe bajo al «privilegio» de los ministros. Es revelador que no se haya clarificado el destino final de esos recursos. ¿Será que este gesto es una mera estrategia de distracción?

Pero, estimados lectores, los fideicomisos no brotaron de la noche a la mañana. Están ahí para cosas fundamentales: cubrir derechos laborales, apoyar la operatividad, satisfacer necesidades de infraestructura, y más. En un escenario ideal, su existencia debería estar justificada.

¿Y qué hay de la transparencia? De haber irregularidades, ya la Auditoría Superior de la Federación habría levantado la voz, pero está curiosamente silente. Y mientras tanto, el país avanza hacia una lenta erosión de su estructura democrática.

Es casi predecible el destino jurídico de tales movimientos: se impondrán recursos de inconstitucionalidad, se pondrán en pausa las decisiones legislativas y, nuevamente, se culpará a la SCJN de ser el obstáculo para el «cambio verdadero». Lo que el presidente olvida es que ya hay trabajadores del Poder Judicial movilizándose. ¿Qué dirá ahora? ¿Que el pueblo está en su contra?

Y mientras todo esto sucede, el «Plan C» del presidente y su coro legislativo adquiere contornos cada vez más autoritarios. Este plan, lejos de ser un instrumento para mejorar la vida de los mexicanos, se está convirtiendo en una receta para desequilibrar los poderes y erosionar las bases democráticas del país.

No olvidemos que los fideicomisos en cuestión no eran un problema durante la presidencia de la Corte por el ministro Arturo Zaldívar, ni tampoco durante otros periodos. Pero ahora que el pleno de la Corte ha mostrado cierta independencia, se vuelven un «problema» que requiere una «solución» inmediata. ¿Casualidad? Lo dudo.

El hecho es que los fideicomisos del Poder Judicial representan una porción vital de su presupuesto. Más del 85% de ese presupuesto va a sueldos y salarios. A esto sumémosle que el presupuesto ha disminuido en términos reales en los últimos cinco años, mientras que la carga de trabajo ha aumentado.

Las cifras son claras, pero la retórica gubernamental prefiere tratar estos fideicomisos como si fueran una especie de “caja chica” para beneficiar a unos cuantos. El asedio continúa, y la división de poderes, esa columna vertebral de cualquier democracia, parece más frágil que nunca.

Por lo tanto, no nos dejemos engañar: lo que está en juego no son solo miles de millones de pesos o el destino de unos pocos fideicomisos. Lo que está en juego es la propia esencia de nuestra democracia. Estemos alertas; el 2024 no está tan lejos.

Este no es un debate, no es un intercambio de ideas; es una imposición desde la cúpula del poder. Y al final, quien paga el precio es la propia estructura democrática de México.