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¿Fue un intercambio entre EUA y México?


Sin un pelo de…

Por Sergio Villa Pérez

Era el paraíso para el dictador de izquierda Evo Morales vivir en México, con guardias de seguridad, vehículos blindados, protegido de sus enemigos, mientras que desde su hospedaje de lujo daba instrucciones a sus aliados en Bolivia para mantener la confrontación en contra de la policía y el ejército que lo destituyeron.

Llegó el 12 de noviembre en un vuelo especial de la Fuerza Área Mexicana, su rescate fue narrado por el canciller Marcelo Ebrard como una odisea del grupo aéreo, incluso fue determinante para que el capitán de la nave recibiera el grado de general en la ceremonia de reconocimientos a las fuerzas armadas el 20 de noviembre.

Pero llegó diciembre con la visita de otro personaje, el Fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, enviado de Donald Trump, que desde unos meses antes había anunciado a petición de las familias Le Barón y Longford, avecindaos en Chihuahua y Durango, identificar a los carteles de la droga mexicanos como terroristas.

Esta orden presidencial de Trump, como con el tema de los migrantes, puso a temblar a nuestro gobierno y apresuradamente convocaron a una reunión de alto nivel, ante la posibilidad de que el ejército de los Estados Unidos venga a México y persiga a los narcos como terroristas, como sucedió en Afganistán y actualmente en Siria.

Se va Barr de México, anuncia un acuerdo de seguridad para incrementar la revisión en la frontera de armas de fuego ilegales y droga, de lo que nada va a suceder y le dicen a Evo como a Castro “comes y te vas”.

Mientras que en Washington, Donald Trump “detuvo” firmar la orden presidencial de declarar a los narcos mexicanos como terroristas.

Así de fácil se negoció la salida de México de Morales, quien mantiene firme la lucha por recuperar la presidencia de Bolivia y así de fácil el gobierno mexicano se entrega de nuevo a de Estados Unidos, así de evidente los carteles de la droga descansan por la presión de Estados Unidos y de nuevo se llevarán a cabo operativos en contra de los objetivos de los Estados Unidos, como lo fue el de Culiacán, sin avisarle al López Obrador, así la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinan la política criminal de nuestro país.

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