La lección de la CNDH al presidente
Escaño abierto
Arturo Zamora Jiménez[1]
La interposición de una inusitada petición por parte del presidente de la República ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que ésta interviniera en el caso de la CNTE, constituye un episodio bochornoso en la vida institucional del Estado mexicano.
Retrata de cuerpo entero a un gobierno que actúa permanentemente en los márgenes del orden constitucional, que lo interpreta a conveniencia o bien lo soslaya con los argumentos pragmáticos más burdos.
Como lo dijo el propio López Obrador desapercibidamente, siempre se había recurrido a la CNDH para quejarse de algún acto de autoridad violatorio de los derechos humanos, pero ahora, se pretendía que fuese el poder público quien recibiera el amparo y protección del ombudsman, contra “quienquiera que resulte responsable”.
La CNDH respondió inmediatamente, dando al gobierno una lección tan elemental como rotunda, que vale la pena repasarla.
Le indica al jefe del Ejecutivo que la Comisión existe, justo para proteger a las personas o colectividades de las autoridades que estén vulnerando derechos humanos de primera, segunda o tercera generación y no al revés.
Señala, seguidamente, ante la maniobra distractora del gobierno, que es obligación de toda autoridad legítimamente constituida el hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella emanan, así como los tratados y convenciones internacionales suscritos y ratificados.
Y hace ver al gobierno, finalmente, en un párrafo que debería labrarse en un muro central de Palacio Nacional, que “la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales”.
Hay en este asunto cuestiones que no debemos pasar por alto, para no caer en el extraño juego de simulación y discrecionalidad en que pretende involucrarnos la actual administración.
No podemos soslayar, en modo alguno, que fueron el propio presidente y su partido quienes hicieron del CNTE un aliado clave, llevando al Congreso a decenas de sus líderes y calificando a esta organización como democrática y representativa.
Fue el gobierno quien alentó y protegió a la CNTE y ahora es víctima de su chantaje, manteniendo suspendidas las clases y bloqueadas vías ferroviarias, parques y vialidades importantes en muchas ciudades del sureste.
¿Acaso duda el gobierno de estos largos setenta y un días, que los niños tienen el derecho humano a recibir una educación, continua y de calidad y a vivir el ejemplo de una cultura de paz, tal como pregona?
¿Acaso va el gobierno a compensar los daños provocados por el paro de 251 trenes, con 2 millones de toneladas de carga, generando una pérdida que ya rebasa los 22 mil millones de pesos, perjudicando a 21 navieras y el abastecimiento?
¿Cómo interpreta en este caso la autoridad federal, el valor de los derechos de empresarios y trabajadores, de quienes viven de su salario, pagan impuestos, generan empleo y dan estabilidad y gobernabilidad a nuestro país?
¿Por qué se premia a quienes violan flagrantemente los derechos humanos de todos los mexicanos, con pago de salarios caídos, prestaciones y privilegios, plazas automáticas que ya habían sido cancelados?
Y hablando de “omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones”, ¿porqué se omite el ejercicio de la acción penal donde debería actuarse de oficio?
Estamos pues, ante un nuevo episodio de la accidentada y errática gestión de un gobierno, que no quiere asumir responsabilidades cuando debe y que actúa de manera caprichosa y arbitraria cuando no debe. Y apenas comienza.
[1] Secretario General del CEN del PRI