La gestión de su propio bienestar, derecho de los pueblos
Por Aquiles Córdova Morán
Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional
Hemos sostenido, y lo seguiremos haciendo el tiempo que haga falta, que la pública condena y tajante eliminación del intermediarismo de organizaciones y “líderes” en el manejo de los programas de transferencia monetaria del nuevo Gobierno, destinados a los más débiles y marginados del país, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, con “la antorcha mundial”. Nunca hemos tenido ni pedido la concesión de ser nosotros, los “falsos líderes y dirigentes”, quienes entreguemos esos recursos monetarios a los pobres para comprar su apoyo y su adherencia a nuestro Movimiento. Y quienes piensen que no decimos la verdad a este respecto, pronto tendrán la oportunidad de convencerse de lo contrario ahora que son gobierno.
También hemos sostenido que, en varios casos en que hemos sido testigos oculares casuales de la operación, los dineros de programas como PROGRESA, PROSPERA, SESENTA Y MÁS y otros parecidos, nunca fueron manejados en el pasado por ninguna organización “intermediaria”, sino siempre por funcionarios gubernamentales que, con el padrón oficial de beneficiarios en mano, entregaban el recurso personalmente a cada uno de ellos, previa identificación. Y que era y es correcto que así se haga. En consecuencia, ahora como entonces, no tenemos ninguna objeción a semejante procedimiento o a otro más perfeccionado; por el contrario, lo juzgamos muy racional y lo aplaudimos, aunque nadie nos pida ni le importe tal apoyo y aunque se juzgue una forzada hipocresía de nuestra parte.
Todos los integrantes de la “antorcha mundial”, y no solo los líderes, nos hemos dedicado desde siempre a algo muy distinto al fácil oficio de repartir dinero ajeno para comprar conciencias. Nuestro trabajo ha consistido en descender a la entraña profunda de pueblos y colonias míseros y olvidados de todos, para conocer sus verdaderas necesidades y carencias, formuladas por la boca de quienes realmente las saben porque las padecen, formar con ellos y ellas un sencillo inventario de tales necesidades y lanzarnos juntos, de puerta en puerta, de ventanilla en ventanilla y de funcionario en funcionario, a una lucha sufrida, tenaz y perseverante para conseguir que sus problemas sean atendidos y resueltos por quienes tienen la obligación legal de hacerlo.
Es absolutamente cierto que en esta dura batalla, cuando, después de agotar todos nuestros esfuerzos y paciencia, no obtenemos respuesta satisfactoria o una negativa argumentada y convincente, nos hemos visto forzados, en más de una ocasión, a sacar nuestra protesta a la calle y a echar mano de todos los recursos legales de la lucha de masas directa (la verdadera democracia participativa, no la que se reduce a contestar encuestas) para conseguir un poco de justicia social, con las consiguientes molestias involuntarias a la ciudadanía que los medios han aprovechado para llenarnos de oprobio y lodo. La lucha valiente y decidida de los pobres siempre causa irritación a quienes tienen el estómago lleno y satisfecho hasta sus menores caprichos.
Pero tómese como se tome y califíquese como se quiera, lo que ahora me interesa reconocer, reiterar y defender es que ésta ha sido y es nuestra verdadera lucha; no el enriquecimiento ilícito a costa de los pobres, el chantaje, la manipulación corporativa de las masas y “los moches”, como tan mendaz y ligeramente se nos atribuye. Y tengo muy claro que esta aseveración mía, diametralmente opuesta a la que difunden los medios en su mayoría, esta profunda divergencia entre mi versión de los hechos y la de nuestros enemigos y detractores (la inmensa mayoría gratuitos), no tiene ni puede tener solución definitiva en el plano de la pura lucha discursiva, conceptual y abstracta; hace falta remitirse a las pruebas documentadas y, muy en particular, a la realidad de los hechos duros, contantes y sonantes. Por eso insisto, como lo he hecho en múltiples ocasiones anteriores y como es de elemental legitimidad lógica, que si algún funcionario o gobierno sostiene que nos entregó alguna vez dinero en efectivo para nuestro manejo discrecional, respalde su afirmación presentando las pruebas documentales que deben obrar en su poder; que si alguien sostiene que nos quedamos con el dinero destinado a alguna obra, diga de qué obra se trata, cuándo y dónde dejó de realizarse y presente la denuncia correspondiente.
De nuestra parte, volvemos a reiterar que nuestro trabajo, que el resultado de nuestra lucha, es algo que se puede ver y palpar, y que estamos dispuestos a mostrárselo a quien quiera comprobarlo, sin condiciones y sin importar los fines que persiga. Puedo agregar ahora que, aunque se ha tenido buen cuidado de negarlo y silenciarlo por políticos ofendidos y medios informativos tendenciosos y manipulados, en muchos casos la obra de “la antorcha mundial” puede calificarse de insuperable, sorprendente en sumo grado para propios y extraños, y sin rival en todo el país. Chimalhuacán e Ixtapaluca en el Estado de México, Tecomatlán y Huitzilan de Serdán en Puebla, varias colonias populares en Xalapa, Veracruz, y en la propia capital poblana, son algunos ejemplos de lo hecho hasta aquí, sin contar nuestro trabajo organizativo y de concientización, cultural y deportivo a escala masiva, también sin paralelo en otra organización o partido.
Hoy está en discusión el presupuesto que ejercerá el nuevo Gobierno, y varias expresiones y manifestaciones oficiales aseguran no se presupuestará ninguna obra, proyecto o programa que no provenga del poder Ejecutivo. El argumento: que quienes solicitan presupuesto para alguna obra por su cuenta anda en busca de “moches”. Esto es pensable y posible en muchos casos tal vez, pero no en todos; y menos, debo decirlo con toda claridad y firmeza, en el caso de Antorcha. Como digo, la gestión de los antorchistas cumple con dos requisitos innegables y comprobables que la ponen fuera de tal sospecha: primero, se trata de necesidades auténticamente populares, pues el procedimiento por el cual se han recogido y escogido lo garantizan; segundo, no se solicita dinero ni el privilegio de decidir quién ejecutará la obra correspondiente; esto lo dejamos, hoy como siempre, a cargo del o los gobiernos respectivos. Nos interesa la obra; no el manejo del presupuesto.
Cuando el presidente de la República dice y repite públicamente que no permitirá que “la antorcha mundial” maneje ni un solo peso de sus programas de transferencia monetaria, creemos que lo hace pensando en que el recurso debe llegar íntegro a su destinatario. Y esto es plausible, aunque el propósito mismo del programa no lo sea y aunque a nosotros se nos señale y ofenda sin razón. Pero en cambio, si ahora se trata de negarle obras de primera necesidad a la gente más pobre y marginada del país, obras que no están contempladas en el presupuesto federal y a las que tiene pleno derecho según las leyes, creyendo que así castiga a los amigos de los “moches”, comete un error y una grave injusticia derivada del mismo: pensando dañar a los vividores, niega el progreso y el bienestar elementales a quienes más lo necesitan; niega de un golpe, y apoyado en suposiciones no comprobadas, su propia bandera de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
Se acepte o no, los miembros del Movimiento Antorchista Nacional están, todos, entre esos pobres, y tienen, por tanto, todo el derecho a esperar, como cualquier mexicano en su situación, que los beneficios de la “Cuarta Transformación” lleguen también a ellos. En caso contrario, tendrán que salir a las calles a reclamar el derecho humano elemental de ser escuchados y atendidos. Y no será por culpa de ellos ni de sus “falsos líderes” en busca de “moches”, como reza el discurso de los voceros de esa “Cuarta Transformación” prometida.