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Escaño abierto


Ignorancia y concentración del poder

Arturo Zamora Jiménez[i]

A días de asumir la presidencia de la República, López Obrador, su futuro gabinete, las bancadas parlamentarias de Morena y sus incondicionales han dado suficientes elementos para esperar tiempos de convulsión social, desmantelamiento institucional, incertidumbre económica y polarización política. De la extenuante transición que al fin concluye, podemos perfilar las siguientes pautas de acción.

Primera, habrá una simulación en la utilización de los instrumentos de participación democrática, que serán usados de forma irregular e inconstitucional para justificar las decisiones adoptadas previamente por el presidente, pues se movilizará a las clientelas que están en construcción y buscarán reformar la Constitución para que sus consultas sean legales.

Segunda, que el futuro presidente conducirá una administración pública que concentrará el poder en su persona, con un estilo autoritario, centralista y vertical y grandes propósitos como la centralización de las compras en una subsecretaría, la concentración de facultades en la Oficina de la Presidencia de la República y el manejo de la política social desde el gobierno federal, a costa de las funciones de los estados y municipios.

Tercera, el retroceso en el combate a la corrupción, pues se suscitará un sinfin de conflictos de interés y amiguismo en las obras de infraestructura estratégica. El futuro gobierno actuará según la voluntad y obsesiones del presidente, sin importar si deja al país carente de una solución aeroportuaria adecuada o si lo embarca en proyectos ferroviarios no prioritarios, inviables ecológica y financieramente. En el caso del Tren Maya, esperemos que se recoja la opinión de los pueblos originarios, igual que se hará con los proyectos mineros.

Cuarta, que el Plan de Paz y Seguridad, anunciado sin contar con las bases constitucionales y legales necesarias, no tiene una estrategia distinta y efectiva que solucione el complejo problema de violencia e inseguridad. Además de estar en contradicción con la reciente tesis de la SCJN, carecer del mínimo consenso y base presupuestal suficiente e ignorar la procuración de justicia.

Quinta, bajo la premisa de la austeridad republicana se construirá un gobierno ineficiente e incapaz de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, al mismo tiempo que las inoperantes decisiones sobre el aparato gubernamental causarán irritación, frustración y sufrimiento a miles de familias de servidores públicos honestos, preparados y experimentados. Está muy bien elevar salarios bajos y moderar los excesivos, pero no castigar a los cuadros estratégicos ni vulnerar derechos adquiridos.

Sexta, que se atentará contra la división de poderes y su autonomía, pues el dúo Ejecutivo-Legislativo va a mantener en vilo a la sociedad y a los factores productivos. Según convenga, va a amagar, negociar bajo presión o descargar responsabilidades, se trate de comisiones bancarias, la manipulación de las afores o la cancelación de la promesa de reducir el IVA e ISR en la frontera.

Y séptima, se espera cualquier tipo de atentado contra el pacto federal, el orden constitucional y la democracia, incluyendo la amenaza, nunca desautorizada, a los gobernadores de desaparecer poderes estatales insumisos, en una peligrosa mezcla de poder e ignorancia que pone en riesgo de ruptura el pacto federal y de coordinación fiscal.

La mayoría electoral no supone una legitimidad automática ni perdurable. Esta se gana con un buen gobierno que respete a las minorías y las libertades civiles y procurando la armonía social. Eso no se asoma por ninguna parte.

[i] Secretario general del CEN del PRI.

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