Escaño abierto
Entre la pifia y el amago, más incertidumbre
Arturo Zamora Jiménez[1]
La iniciativa de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores en materia de comisiones bancarias está basada, como muchas de esta fracción parlamentaria en el Congreso, en un cálculo simplista e irresponsable: la simpatía de la sociedad ante cuestiones antipopulares y, en ocasiones, ciertamente inequitativas o desproporcionadas.
El sentir generalizado es que algunas de las comisiones vigentes deberían revisarse a la baja, pero visto de manera objetiva, estas decisiones deben tomarse construyendo consensos para evitar que sus consecuencias no afecten más a quienes presuntamente se quiere beneficiar.
Lo grave de este inesperado, inoportuno y desafortunado debate está en sus detalles, en las formas de su comunicación y, sobre todo, en los propósitos ocultos que, al fin del desaguisado comunicacional, surgen del líder del proyecto del nuevo gobierno.
La iniciativa se impulsó sin consultar con el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien no encontraba la forma de decir que no y, más aún, comedidamente llamó a los senadores a “procesar sus inquietudes” previamente en futuras ocasiones.
Esto hace que las discrepancias y luchas prematuras de poder entre los grupos internos del nuevo gobierno y las presiones de grupos radicales del morenismo, hagan prever una difícil gobernabilidad en el sexenio.
El líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, plantó cara ante las reacciones alarmantes de los mercados, los actores financieros y de su coalición parlamentaria. Defendió la autonomía de los senadores, pero reculó y envió la iniciativa a comisiones. Inclusive su contraparte en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, le enmendó la plana al aclarar que este no era un tema prioritario en la agenda legislativa de Morena.
¿Por qué entonces, a unos días de la reunión del presidente electo con todos sus legisladores, surge una iniciativa tan disonante?
AMLO hizo malabares para decir que “es respetuoso de las iniciativas de los legisladores”, pero “nuestra política es la de no modificar el marco legal con relación a bancos e instituciones financieras”.
Hay varias interpretaciones pero ninguna es alentadora, se habla de una señal más del músculo político de López Obrador frente a los factores económicos, igual a la practicada con el NAIM. Se especula que se trató de una vil represalia del futuro Ejecutivo federal frente a Banorte y Bancomer, los bancos que analizaron críticamente la cancelación de la opción del aeropuerto en Texcoco.
Y ya que hablamos de sexenio, hay que subrayar lo más delicado: la reiterada justificación de AMLO respecto a medidas radicales como esta, en relación con su propósito de “no hacer ninguna modificación” (en materia fiscal, laboral, presupuestal, etc.) “en los primeros tres años”.
Esto significa, llanamente, que López Obrador tiene calculado gobernar el primer trienio de manera moderada, apoyado en medidas de política social que fortalezcan su base socio-electoral y otros golpes mediáticos, para llegar a las elecciones intermedias con una fuerza que le permita dar el paso definitivo rumbo a un proyecto de cambios constitucionales que serían el verdadero rostro de su proyecto de país.
Esperemos que no se trate de una estrategia del próximo gobierno para generar caos y después salir a calmar las aguas. Gracias a lo construido en la presente administración, los mercados han resistido los embates y las señales inquietantes del futuro gobierno, pero eso tiene límites que se rebasan en un instante, hasta entrar en una espiral descendente que nadie desea.
[1] Secretario general del CEN del PRI.